Por Héctor Hugo Torres. Presidente Derechos Humanos Bajo Ariari
Comentan los habitantes de esta comunidad los factores económicos y sociales que los llevo a tener que optar por lo imperiosa necesidad de invadir terrenos marginales que son de propiedad de la administración municipal.
Más de 1400 familias llevan aproximadamente 10 meses instaladas en un terreno de 14 hectáreas, allí se asentaron estas familias junto a sus hijos, hermanos, esposos, madres cabeza de hogar y demás víctimas de la carencia del derecho humano y digno a una vivienda.
En este terreno se encuentran instaladas personas víctimas del conflicto, desplazados personas vulnerables que como mas de 4 millones de personas, están en algún lugar del territorio colombiano tratando de sobrevivir.
Este terreno donde ya está formado y planificado un barrio llamado “el 13 de mayo”, está en peligro de ser desalojado por una decisión del gobierno municipal, el cual es su propietario, pone en peligro de una confrontación policial y social el día lunes, donde se habla que aproximadamente llegaran a este sector 600 miembros de la policía Esmad.
Según las fuentes que se han consultado, ese día estarán presentes las autoridades municipales y departamentales además de organismos de control del estado como; defensoría del pueblo, procuraduría, personería, Icbf, Acción Social, la UAO y del orden judicial estará la fiscalía general de la nación entre otras más que presuntamente estarán por velar que la actividad se realice en un completo orden.
Se tiene de conocimiento por intermedio de un informe rendido por un comité del barrio, que el desalojo es inevitable, la respuesta de la comunidad es que no quieren perder su ilusión de tener un lote de terreno donde ubicar sus familias ya que el gobierno no les ha solucionada en nada la realización de este derecho.
El defensor del pueblo por su parte dijo que el no va a intervenir para que se frene el proceso de desalojo pues sus funciones no son las de auspiciar las invasiones, el trabajo de él según dijo es solo de intervenir para que no se maltrate a alguien desconociendo que este asentamiento es el producto de el abandono estatal a que están sometida la inmensa mayoría del pueblo metense, villavicense y colombiano y que el solo hecho de entrar a desalojar a los pobladores de este barrio de hecho constituye una grave violación a los derechos Humanos, máxime cuando allí viven personas en condiciones sociales y económica muy precarias.
alcalde exige una suma de dinero por lote de 5 millones y medio de pesos, que dado la sumatoria de las 14 hectáreas esta saldría por un valor de aproximadamente 8.000 millones de pesos, valor por lote que ni siquiera tienen terrenos en zonas exclusivas de la ciudad.
El peligro yace en el evento del desalojo, la inminente violación de derechos de toda índole, DDHH, Derecho civiles sociales y políticos, derechos de los niños, de los ancianos, de ,los niños especiales, de las mujeres madres cabeza de familia en fin un total de violaciones en derechos por parte de la administración municipal sin tener un solo pronunciamiento en defensa, garantía y desarrollo de los derechos por parte del gobierno departamental y menos del gobierno nacional, los que simplemente pasan en decir que esperan que no hayan lesionados o perjudicado pero no se vislumbran soluciones verdaderas y rápidas.
En tal sentido:
Convocamos a la comunidad nacional e internacional, esta que trabaja en defensa de los derechos de las gentes, en defensa de los derechos de los pueblos, y en contra de las agresiones escritas, intelectuales y materiales de los gobiernos locales a que nos pronunciemos encentra de este acto anti popular que pretende llevar a cabo el gobierno municipal de Villavicencio en contra de personas que como anotamos anteriormente son personas que se vieron obligadas a asentarse en este terreno por que sus condiciones económicas no les permitían adquirir una vivienda para sus familias.
A la Defensoría Nacional del pueblo. Para que delegue una persona directa de su despacho, pues la posición del defensor de la regional del Meta es estar al lado de las decisiones locales del gobierno.
Exigimos al presidente de la república que actúe en derecho y defina una solución rápida y verdadera que garantice los derechos de esta comunidad que actualmente vive en condiciones lamentable sin una verdadera y digna solución de vivienda.
Señores miembros de los medios de periodismo independientes, solicitamos de manera encarecida su presencia en esta comunidad, se debe denunciar los atropellos y el de las políticas y compromisos de gobierno, las condiciones en las que vivimos y viven en estas comunidades, y la inminente amenaza en la cual estamos donde la fuerza pública y militar actuara desde el mandato civil del administrador municipal y como en hechos anteriores tememos que entren asiendo uso de la fuerza desmedida en contra de los habitantes de este barrio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario