El Plan Nacional de Desarrollo Rafael Correa (Ecuador)

El Plan Nacional de Desarrollo generará 115.000 puestos de trabajo por añoNueva York

(Estados Unidos), 25 de septiembre de 2007.- El Presidente de la República, Rafael Correa, indicó hoy ante el Consejo de la Américas que “el Gobierno Nacional mediante la ejecución del Plan Nacional de desarrollo generará 115.000 puestos de trabajo por año”.La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo requiere del incremento de la inversión pública en un 12% anual hasta 2010, fundamentalmente en infraestructura de apoyo productivo. Esto significa cerca de 4.500 millones de dólares adicionales, que impulsarán una tasa de crecimiento del PIB de entre el 4,7% y el 5,4% anual, en contraposición a un escenario inercial con niveles de crecimiento menores al 4%.Discurso Completo del Primer Mandatario:El Gobierno de la República del Ecuador, que me honro en presidir, inició su mandato el 15 de enero de 2007, con el pleno conocimiento de que asumimos el mando de un país sumido en una grave crisis económica, social, política y moral. Nuestra constatación inicial confirmó la presencia de una paradoja propiciada por políticas públicas cuya única preocupación fue el mantenimiento de los equilibrios nominales, mientras que los factores reales de la economía se encontraban en una situación insostenible.De esta forma, tras casi ocho años de dolarización, Ecuador finalmente ha logrado estabilizar los precios, pareciera se que en economía moderna el fin ultimo es la inflación de precios, puesto que para julio de 2007 la variación de precios anual se situó en 2,5% frente a niveles del 96,1% en el 2000. Sin embargo, el desempleo abierto, pese a centenares de miles de migrantes desde la dolarización, se estabilizó en cerca del 11% de la PEA, mientras que uno de cada dos ecuatorianos en edad de trabajar está sujeto a condiciones precarias de empleo; la pobreza oscila en alrededor del 40% de la población total y las estadísticas nos indican que mientras la población con mayores recursos concentra casi el 60% del ingreso total, en el otro extremo, la de menores ingresos percibe, en la actualidad, la mitad (2,4% del ingreso total) de lo que percibía hace una década. En otras palabras, la inequidad, en uno de los países que siempre ha sido uno de los más inequitativos del mundo, se ha agudizado y la tendencia de dicha inequidad, hasta antes del 15 de enero, era creciente. Una verdadera locura. Por otro lado, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha estado determinado por el sector petrolero, reflejando una mayor dependencia del país con respecto al petróleo, y consecuentemente una mayor vulnerabilidad de la economía a causa de la evolución de elementos coyunturales tales como el precio de este recurso. En efecto, gracias a la lotería de los precios internacionales del petróleo, Ecuador, sin inversiones significativas en los últimos cinco años, pues la última inversión importante en el sector la condujo un consorcio de empresas que construyó el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, ha pasado de exportar 2.372 millones de dólares en 2003 a 6.934 millones en 2006. Es así que, el año pasado, las exportaciones de petróleo significaron casi el 60% de las exportaciones totales. Si bien el país ha mantenido un saldo de balanza comercial positivo que alcanzó los 1.448,8 millones de dólares en el año 2006, como resultado del sostenido crecimiento de las exportaciones petroleras, la balanza comercial no petrolera mantiene un marcado deterioro debido al significativo incremento de las importaciones, consecuencia de la pérdida de competitividad de la economía por el anclaje cambiario, que constituye la dolarización. Esta es, a grandes rasgos, la situación a la que nos ha conducido la aplicación de doctrinas económicas emanadas de los preceptos del Consenso de Washington y la barbaridad técnica que constituyó la dolarización ecuatoriana. Las políticas que se han implementado luego de la dolarización no sólo han reducido al Ecuador a la condición de exportador de commodities; tamizadas en la maquinaria de la política tradicional ecuatoriana, han facilitado adicionalmente la consolidación de cerrados grupos de poder económico y político, y, como mencionamos, ha agudizado la concentración del ingreso. Se trata de sectores renuentes a consolidar una auténtica y participativa democracia, y dispuestos por todos los medios a mantener las canonjías que los benefician, pero que constituyen un pesado lastre para el desarrollo humano de todas y todos los ecuatorianos. La realidad ecuatoriana es mucho más compleja de lo que se puede inferir a partir de simplismos como el índice de riesgo país. La nuestra es una realidad que para tener un horizonte promisorio e incluyente en el largo plazo, requiere primero de una clara posición frente a los problemas de economía política que han sido soslayados durante al menos tres lustros. Más todavía, el ritmo y la tendencia de la acumulación del capital que han prevalecido en el Ecuador han requerido concertar dos procesos aparentemente divergentes, pero en realidad vinculados, en perjuicio de los intereses nacionales: el desmantelamiento de las capacidades de regulación, gestión y planificación del Estado, y la consolidación de una bochornosa cultura de la corrupción que ha hecho metástasis en todo tipo de relaciones sociales y políticas. Por tanto, la responsabilidad histórica de mi gobierno supera en mucho la necesidad de mantener los equilibrios nominales. No se trata de desconocerlos, ni mucho menos. Luego de la desencantada historia reciente de apertura y liberalización de los mercados mundiales del capital, nadie puede desconocer la necesidad de respetar ciertos consensos mínimos, pero tampoco estamos dispuestos a perseverar en políticas que no han producido los resultados económicos y sociales que demandan las grandes mayorías de mi país. Esta responsabilidad nos ha impulsado a liderar un cambio constitucional a partir del cual se podrá consolidar la nueva perspectiva de desarrollo que inspira al Gobierno que presido. Ésta no se reduce a la esfera de lo económico y avanza a la definición de un nuevo modo de Estado que recupere las capacidades de regulación, gestión y planificación perdidas en el tortuoso camino recorrido en las pasadas dos décadas. Desde enero pasado ya hemos canalizado las acciones del sector público hacia este objetivo, lo que ha molestado profundamente a esos grupos de poder enquistados en un Estado enclenque y debilitado por ellos mismos. El primer empeño del Gobierno Nacional ha sido corregir el conjunto de políticas públicas responsables del intolerable represamiento de las capacidades y libertades que aquejan a la población ecuatoriana, así como cambiar radicalmente el fundamento mismo de las intervenciones en materia social: a través del Bono de Desarrollo Humano, el incremento del bono de la vivienda, la decidida recuperación de la banca de desarrollo, el microcrédito, el Sistema de compras públicas, el Programa de insumos para los agricultores, etc. Así, durante estos primeros meses de gobierno hemos desplegado un conjunto de esfuerzos tendientes a modificar las condiciones de la demanda interna y a fortalecer sectores claves de la economía, como el sector petrolero y la generación eléctrica. La transformación económica y social que hemos iniciado en el Ecuador no sería sostenible en el largo plazo si no se la acompaña de una profunda reforma de la representación política, de la organización territorial y del Estado en su conjunto. El cambio y las transformaciones en el patrón de desarrollo implican recuperar un adecuado rol del Estado en su relación con la sociedad y el mercado, y en sus formas de intervención para garantizar derechos e impulsar un desarrollo justo, inclusivo y solidario. Ello implica realizar un viraje respecto de la agenda neoliberal, la misma que provocó, entre otros efectos políticos, la reducción y el retraimiento de la acción estatal tanto en sus funciones de coordinación y regulación de la economía, como en aquellas que conciernen a la redistribución de la riqueza y la búsqueda de la justicia y la igualdad social. El actual patrón de gestión estatal no ha sido capaz de superar problemas como el agotamiento del Estado centralista, generador de concentración, inequidades y crisis políticas; el distanciamiento entre los/las ciudadanos/as y el sistema político; y la crisis de representación política. Por tanto, la recuperación estatal de las capacidades de regulación, de redistribución de la riqueza social y territorial y de planificación, además del aumento de su eficacia institucional, en el marco de lógicas modernas de gestión pública, deben colocarse en el centro de cualquier agenda democrática de transformación social y económica del país. Uno de los pasos más significativos en este sentido ha sido la definición de un Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2010, que establece lineamientos de mucho más largo plazo, y que constituye un auténtico cambio de paradigma en la concepción del desarrollo. El Plan, a más de recuperar para el sector público la capacidad de planificación, incorpora las necesidades y expectativas de un amplio conjunto de actores sociales, mediante la participación de organizaciones campesinas, empresarios, movimientos indígenas, gobiernos seccionales, universidades y gremios. El Plan se articula alrededor de doce objetivos nacionales de desarrollo sustentados en tres ejes: justicia social y económica, justicia política y justicia intergeneracional. No es el típico plan economicista de corte sectorial, sino una novedosa forma de concebir el desarrollo a partir de la noción amplia de derechos humanos. Nuestro objetivo fundamental es derrotar las múltiples inequidades, ampliar las capacidades y libertades de la ciudadanía, procurar un desarrollo territorial inclusivo, sin descuidar de ninguna manera la importancia que tiene para una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana su sector externo y sus vinculaciones con los mercados globales. Nuestros objetivos son ambiciosos, pero alcanzables. Dependerá de nosotros y de la confianza que la comunidad internacional decida ofrecer a un gobierno serio, responsable con sus electores, independiente de los tradicionales grupos de presión, soberano en el concierto internacional y dispuesto, como ya lo hemos demostrado, a ofrecer una guerra sin cuartel a todas las formas de corrupción que prevalecieron hasta el 15 de enero pasado. La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo requiere del incremento de la inversión pública en un 12% anual hasta 2010, fundamentalmente en infraestructura de apoyo productivo. Esto significa cerca de 4.500 millones de dólares adicionales, que impulsarán una tasa de crecimiento del PIB de entre el 4,7% y el 5,4% anual, en contraposición a un escenario inercial con niveles de crecimiento menores al 4%. Dada la importancia que mi gobierno confiere a los problemas sociales que agobian al país, las intervenciones públicas contempladas en el Plan contribuirán a generar 115.000 puestos de trabajo adicionales por año, revertir la desigualdad económica al menos a niveles de 1995, aumentar la matrícula en educación básica y bachillerato, eliminar el analfabetismo, erradicar la desnutrición crónica severa, reducir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, entre otras. En la base de este proceso se encuentra una preocupación especial por los pequeños y medianos productores de mi país, marginados sistemáticamente de las políticas públicas de los últimos 20 años. Para sostener este aumento de la inversión pública, el aspecto clave radica en la inteligente utilización del ahorro interno público y en la movilización del ahorro interno privado. Esto conlleva el reto en materia de política económica de saber utilizar las fuentes de ahorro interno público, que todavía se encuentran cautivas por consecuencia de esa absurda idea de que una macroeconomía sana requiere de fondos predestinados a objetivos específicos, mientras la economía real se debate en la enfermedad, la pobreza y el analfabetismo, por carecer de financiamiento para ejecutar la indispensable política social y productiva de un país con profundas inequidades. En el frente externo es necesario revertir la tendencia al deterioro de la balanza comercial petrolera y no petrolera y, de algún modo, controlar los flujos internacionales de capital, para prevenir circunstancias críticas y en especial para consolidar la circulación monetaria basada en el dólar, en el marco claro del mantenimiento de la dolarización. La viabilidad de la cuenta corriente requiere un cambio de la estrategia productiva y comercial; y la viabilidad de la balanza de pagos urge, así mismo, un cambio de la estrategia financiera con el resto del mundo. Ambos han sido considerados dentro de nuestra estrategia de desarrollo, en el marco de una apertura inteligente del sector externo que, de ninguna manera, significa aislar al país del concierto internacional, aunque sí insertarlo de manera proactiva, y de forma apropiada para alcanzar el desarrollo inclusivo del Ecuador. En este contexto, es importante mencionar que Estados Unidos es un país estratégico para el Ecuador. De hecho, es nuestra principal contraparte tanto por los volúmenes de comercio como por los montos de inversión extranjera directa que canaliza a nuestro país. La propuesta del gobierno para el futuro del Ecuador se fundamenta en intervenciones públicas inteligentes, prácticas y decididas, y está definida en función de las prioridades de desarrollo del país y amparada por nuevas instituciones sociales. En apenas ocho meses de gobierno, ya se aprecia los resultados de dichas intervenciones con una menor inflación acumulada y anualizada, la recuperación de la producción petrolera y no petrolera, el decrecimiento del subempleo en el país, etc. Sin embargo, tal vez el logro más importante del gobierno ha sido devolverle la fe a todo un pueblo que hace unos años fue saqueado por la crisis bancaria, que vio cómo se aplicaban políticas de atracción de capitales pero de expulsión de compatriotas, que vio como se agudizaban las contradicciones sociales, en fin, el haber logrado que los ecuatorianos sientan a partir del 15 de Enero del 2007, que la Patria, ya es de todos. Muchas gracias.