Por: Iván Cepeda Castro Columna del Espectador
15 de septiembre de 2007
He comenzado a realizar visitas al departamento de Putumayo. Desde 2000, ha sido la zona del país en la que se ha aplicado con mayor intensidad el Plan Colombia. Desde ese mismo año también las graves violaciones de derechos humanos han aumentado de forma exponencial. Así lo muestra el análisis elaborado por la asociación Minga, que acompaña a las organizaciones locales. La región es un punto estratégico de los megaproyectos comerciales entre la Amazonía y el Pacífico.
Existe una empresa consagrada al lavado de activos, DMG. Su dueño, David Murcia Guzmán, es aliado de paramilitares, narcotraficantes y políticos. La empresa ofrece el 50% de intereses mensuales por cualquier monto de dinero en efectivo. Muchas familias han vendido sus pequeñas propiedades para meter un capital en el negocio. No obstante, se vienen efectuando extorsiones a los inversionistas. En varios casos se secuestra a niños para exigir que sus familiares paguen las ganancias obtenidas.
Otra fuente de abusos contra la población ha sido la fumigación indiscriminada en el contexto de la erradicación de cultivos ilícitos. Entre 2006 y 2007, la secretaría de Educación de la Gobernación señaló que 59 escuelas fueron fumigadas. El mes pasado, 56 personas llegaron al centro de salud de Orito con síntomas de intoxicación. Se han llevado a cabo exámenes que demuestran la contaminación con glifosato de fuentes y depósitos de agua. Como resultado de la fumigación indiscriminada se incrementó la crisis alimentaria. Por esta clase de hechos se han radicado 5.000 denuncias. Una nueva legislación faculta a la Dirección de Estupefacientes para practicar la extinción de dominio a pequeños cultivadores de coca. Se teme el comienzo de una modalidad oficial de despojo de tierras.
Ahora están preparando la segunda fase del Plan Colombia. Como complemento a la estrategia militar, en esta nueva versión se propone un conjunto de acciones sociales realizadas por la Fuerza Pública : la “recuperación social del territorio”. De ser aprobada, tal y como está concebida la nueva fase del plan profundizará la catástrofe humanitaria, y cerrará nuevamente la vía para el desarrollo alternativo en el departamento.
15 de septiembre de 2007
He comenzado a realizar visitas al departamento de Putumayo. Desde 2000, ha sido la zona del país en la que se ha aplicado con mayor intensidad el Plan Colombia. Desde ese mismo año también las graves violaciones de derechos humanos han aumentado de forma exponencial. Así lo muestra el análisis elaborado por la asociación Minga, que acompaña a las organizaciones locales. La región es un punto estratégico de los megaproyectos comerciales entre la Amazonía y el Pacífico.
Existe una empresa consagrada al lavado de activos, DMG. Su dueño, David Murcia Guzmán, es aliado de paramilitares, narcotraficantes y políticos. La empresa ofrece el 50% de intereses mensuales por cualquier monto de dinero en efectivo. Muchas familias han vendido sus pequeñas propiedades para meter un capital en el negocio. No obstante, se vienen efectuando extorsiones a los inversionistas. En varios casos se secuestra a niños para exigir que sus familiares paguen las ganancias obtenidas.
Otra fuente de abusos contra la población ha sido la fumigación indiscriminada en el contexto de la erradicación de cultivos ilícitos. Entre 2006 y 2007, la secretaría de Educación de la Gobernación señaló que 59 escuelas fueron fumigadas. El mes pasado, 56 personas llegaron al centro de salud de Orito con síntomas de intoxicación. Se han llevado a cabo exámenes que demuestran la contaminación con glifosato de fuentes y depósitos de agua. Como resultado de la fumigación indiscriminada se incrementó la crisis alimentaria. Por esta clase de hechos se han radicado 5.000 denuncias. Una nueva legislación faculta a la Dirección de Estupefacientes para practicar la extinción de dominio a pequeños cultivadores de coca. Se teme el comienzo de una modalidad oficial de despojo de tierras.
Ahora están preparando la segunda fase del Plan Colombia. Como complemento a la estrategia militar, en esta nueva versión se propone un conjunto de acciones sociales realizadas por la Fuerza Pública : la “recuperación social del territorio”. De ser aprobada, tal y como está concebida la nueva fase del plan profundizará la catástrofe humanitaria, y cerrará nuevamente la vía para el desarrollo alternativo en el departamento.
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