Noviembre30/2007
En Canadá los sindicalistas dicen NO a los acuerdos comerciales con un régimen violador de los derechos humanos
Por: Luís Alberto Matta corresponsal independiente/Canadá/ Especial para ABP
Al medio día de este jueves 29 de noviembre, la gélida ciudad de Toronto se vistió de colores y consignas para clamar por los derechos humanos en Colombia, y rechazar cualquier acuerdo comercial con un régimen considerado el campeón mundial de la impunidad. La actividad fue convocada por el Canadian Labour Congreso (Congreso Laboral Canadiense), que equivale a la CUT en Colombia.
De acuerdo a los organizadores participaron unas 340 personas, cifra muy alta para las costumbres en esta ciudad, y principalmente porque la mayoría eran directivos sindicalistas, activistas de derechos humanos, y líderes sociales del Canadá. La protesta condenó los probables acuerdos comerciales que pretende firmar el gobierno canadiense encabezado por el Ministro conservador Stephen Harper, con el desprestigiado gobierno colombiano.
Un puñado de exiliados colombianos, en su mayoría miembros del Polo Democrático Alternativo, también nos unimos a la movilización, animando la protesta con consignas a favor de la paz con justicia social y el canje humanitario.
No a los acuerdos comerciales con un gobierno manchado de sangre, insistir en la búsqueda del acuerdo humanitario, y llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes contra sindicalistas y opositores, fueron las principales consignas de la protesta.
Primero frente al consulado de EE.UU., la concentración elevó consignas como “Colombia the world’s most dangerous place for unionized workers” (Colombia el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas), haciendo alusión a los más de 560 lideres sindicales asesinados por el régimen y su estrategia paramilitar.
Es de subrayar que Uribe Vélez ha negociado a través de su comisionado Luis Carlos Restrepo, el más descarado pacto de impunidad con las bandas narco-paramilitares. Dicha negociación, se dice, fue principalmente para evitar que estos escuadrones denuncien a sus cómplices y entrenadores, en su mayoría políticos profesionales, empresarios, y miembros de las fuerzas militares, involucrados en crímenes como el genocidio contra la Unión Patriótica.
Al lado del consulado gringo, en tres encendidos discursos, los sindicalistas canadienses clamaron por el cese de la ayuda militar al régimen de Uribe. “Peace is the best business” (El mejor negocio es la paz), gritaron, haciendo notoria la catadura belicista del actual gobierno colombiano. Un participante de la marcha destacó que más de una veintena de congresistas aliados del gobierno, y otro tanto de los propios funcionarios Uribistas, están en prisión por su vinculación al narco-paramilitarismo.
Los colombianos que asistieron, también clamaron por el cese de la impunidad que beneficia a quienes en su país se beneficiaron políticamente de los escuadrones de la muerte conocidos como “autodefensas unidas de Colombia – AUC.” A estos escuadrones pertenecen varios narcotraficantes herederos del extinguido Cartel de Medellín, hoy disfrazados de paramilitares en sus negociaciones con Uribe.
Se mencionó que un primo del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar, conocido como José Obdulio Gaviria, se ocupa de la consejería presidencial y es el principal vocero del gobierno de Uribe.
Entre las consignas, también se destacó el rechazo contra el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, alias Uribito, por la implementación del Estatuto Rural, y por su clara preferencia a favor de los narco-terratenientes.
Uribito, junto al ministro de defensa Juan Manuel Santos, se hizo famoso por torpedear la gestión humanitaria que realizaba la senadora Piedad Córdoba y el presidente de la república Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, a favor de un acuerdo que les diera la libertad a los prisioneros de las partes en conflicto. El acuerdo humanitario seguramente abriría puertas hacia un proceso de paz con la insurgencia, posibilidad que asusta a la ultraderecha Uribista, porque teme perder sus privilegios.
Finalmente, la marcha de los sindicalistas y activistas canadienses culminó frente a la sede del gobierno regional de Ontario. Allí, hubo otros reclamos de carácter local relacionados con la salud, derechos de la mujer, y garantías laborales, no sin antes volver a insistir, que Canadá no debe firmar acuerdos comerciales con aquellos regímenes que no respetan el derecho a la vida, y burlan los derechos humanos, haciendo alusión al gobierno colombiano.
Al medio día de este jueves 29 de noviembre, la gélida ciudad de Toronto se vistió de colores y consignas para clamar por los derechos humanos en Colombia, y rechazar cualquier acuerdo comercial con un régimen considerado el campeón mundial de la impunidad. La actividad fue convocada por el Canadian Labour Congreso (Congreso Laboral Canadiense), que equivale a la CUT en Colombia.
De acuerdo a los organizadores participaron unas 340 personas, cifra muy alta para las costumbres en esta ciudad, y principalmente porque la mayoría eran directivos sindicalistas, activistas de derechos humanos, y líderes sociales del Canadá. La protesta condenó los probables acuerdos comerciales que pretende firmar el gobierno canadiense encabezado por el Ministro conservador Stephen Harper, con el desprestigiado gobierno colombiano.
Un puñado de exiliados colombianos, en su mayoría miembros del Polo Democrático Alternativo, también nos unimos a la movilización, animando la protesta con consignas a favor de la paz con justicia social y el canje humanitario.
No a los acuerdos comerciales con un gobierno manchado de sangre, insistir en la búsqueda del acuerdo humanitario, y llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes contra sindicalistas y opositores, fueron las principales consignas de la protesta.
Primero frente al consulado de EE.UU., la concentración elevó consignas como “Colombia the world’s most dangerous place for unionized workers” (Colombia el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas), haciendo alusión a los más de 560 lideres sindicales asesinados por el régimen y su estrategia paramilitar.
Es de subrayar que Uribe Vélez ha negociado a través de su comisionado Luis Carlos Restrepo, el más descarado pacto de impunidad con las bandas narco-paramilitares. Dicha negociación, se dice, fue principalmente para evitar que estos escuadrones denuncien a sus cómplices y entrenadores, en su mayoría políticos profesionales, empresarios, y miembros de las fuerzas militares, involucrados en crímenes como el genocidio contra la Unión Patriótica.
Al lado del consulado gringo, en tres encendidos discursos, los sindicalistas canadienses clamaron por el cese de la ayuda militar al régimen de Uribe. “Peace is the best business” (El mejor negocio es la paz), gritaron, haciendo notoria la catadura belicista del actual gobierno colombiano. Un participante de la marcha destacó que más de una veintena de congresistas aliados del gobierno, y otro tanto de los propios funcionarios Uribistas, están en prisión por su vinculación al narco-paramilitarismo.
Los colombianos que asistieron, también clamaron por el cese de la impunidad que beneficia a quienes en su país se beneficiaron políticamente de los escuadrones de la muerte conocidos como “autodefensas unidas de Colombia – AUC.” A estos escuadrones pertenecen varios narcotraficantes herederos del extinguido Cartel de Medellín, hoy disfrazados de paramilitares en sus negociaciones con Uribe.
Se mencionó que un primo del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar, conocido como José Obdulio Gaviria, se ocupa de la consejería presidencial y es el principal vocero del gobierno de Uribe.
Entre las consignas, también se destacó el rechazo contra el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, alias Uribito, por la implementación del Estatuto Rural, y por su clara preferencia a favor de los narco-terratenientes.
Uribito, junto al ministro de defensa Juan Manuel Santos, se hizo famoso por torpedear la gestión humanitaria que realizaba la senadora Piedad Córdoba y el presidente de la república Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, a favor de un acuerdo que les diera la libertad a los prisioneros de las partes en conflicto. El acuerdo humanitario seguramente abriría puertas hacia un proceso de paz con la insurgencia, posibilidad que asusta a la ultraderecha Uribista, porque teme perder sus privilegios.
Finalmente, la marcha de los sindicalistas y activistas canadienses culminó frente a la sede del gobierno regional de Ontario. Allí, hubo otros reclamos de carácter local relacionados con la salud, derechos de la mujer, y garantías laborales, no sin antes volver a insistir, que Canadá no debe firmar acuerdos comerciales con aquellos regímenes que no respetan el derecho a la vida, y burlan los derechos humanos, haciendo alusión al gobierno colombiano.
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