sábado, 30 de mayo de 2009
jueves, 28 de mayo de 2009
miércoles, 27 de mayo de 2009
FARC cumplen 45 años de lucha en las selvas colombianas
Con la muerte del máximo líder de las Farc, Manuel Marulanda, Raúl Reyes, e Iván Ríos, justo cuando el ejército insurgente cumple 45 años, el mundo entero se pregunta cuál será el destino de esta agrupación: ''Posiblemente sea el de seguir luchando''.
TeleSUR
La guerrilla más antigua y numerosa de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cumplen 45 años este miércoles 27 de mayo, tiempo en el que se han mantenido en pie de lucha hacia una búsqueda de reconocimiento como actores políticos, a pesar de la muerte de sus principales líderes.
A grandes rasgos, los orígenes de las FARC pueden ubicarse el 9 de abril de 1948, en Bogotá, cuando en una concentración popular una mano asesina segó la vida de Jorge Eliécer Gaitán, líder popular del partido Liberal, que encarnaba las aspiraciones de justicia de la inmensa mayoría humilde de Colombia.
Este acontecimiento desató la furia del pueblo, que durante tres días incendió Bogotá, buscando a quien cobrar su rabia, y abrió paso a un período de violencia que aún no ha cesado.
A pesar de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se ha negado hasta ahora a otorgarles ese reconocimiento como actores políticos, cinco presidentes en el período de 20 años comprendido entre 1982 y 2002, admitieron el carácter político del conflicto armado colombiano y les reconocieron, de hecho, esa condición.
Asimismo, en la medida de sus circunstancias procuraron acuerdos de paz con el grupo insurgente, que aunque no tuvieran muchos resultados, intentaron trazar un camino hacia la paz en la nación.
Tras el Bogotazo, como fue bautizado ese acontecimiento histórico, el gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez reprime la violencia. Los liberales, derrotados, se retiraron a los campos y organizan la resistencia junto a los comunistas.
En los años sucesivos proliferaron los grupos armados de distinto signo y la violencia bipartidista se generalizó en el país, hasta que en junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla, en un incruento golpe de Estado que contó con la aprobación de liberales y conservadores, se hace del poder con el lema de la pacificación.
Tres meses después, con una oferta de amnistía para los alzados en armas, logra que las guerrillas liberales firmen un armisticio.
Nacimiento en Marquetalia
Las guerrillas comunistas permanecieron activas y se hicieron fuertes especialmente en Marquetalia, un área rural ubicada en medio de la cordillera andina, en el sur del Departamento de Tolima, en el centro-occidente del país.
Pero diez años después, en 1964, el presidente Guillermo León Valencia, autorizado por el Congreso, ordenó una operación militar destinada a liquidar a esos grupos armados, acusándolos de crear una "República independiente". La ofensiva no logró su objetivo y en respuesta, el 27 de mayo nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (Farc- EP).
Dos meses más tarde, el 4 de julio, en el municipio de Simacota, Departamento de Santander, surge el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuantitativamente la segunda fuerza guerrillera de Colombia.
Belisario Betancourt busca una solución
Tras dos décadas de conflicto, se produjo la primera reacción del Estado colombiano en la búsqueda de una solución y fue durante la presidencia Belisario Betancourt cuando se firmó el primer cese bilateral de fuegos entre las Farc-EP y el Gobierno, el 28 de mayo de 1984, en el Departamento del Meta.
El acuerdo, que contemplaba la constitución de una Comisión Nacional de Verificación de los acuerdos, fue suscrito por Manuel Marulanda, por parte de los insurgentes y por el propio presidente Betancourt.
También incluía la verificación períodos de prueba y de cese de los enfrentamientos, garantías y estímulos para la incorporación a la vida política y social además de reformas políticas y sociales.
El convenio, ratificado en marzo de 1986, estuvo antecedido por la Ley 35, de agosto de 1982, promulgada por el propio Betancourt, que planteaba la amnistía para los alzados en armas y normas para reestablecer y preservar la paz en Colombia.
En virtud de este acuerdo, nace la Unión Patriótica, agrupación política integrada por el partido comunista y otras organizaciones de izquierda, cuyas filas, al poco tiempo, fueron diezmadas por las fuerzas de seguridad del Estado y los nacientes grupos paramilitares. Cerca de 5 mil dirigentes y cuadros políticos fueron asesinados.
La línea de la participación civil y democrática en los asuntos políticos, ofrecida a los insurgentes como alternativa a la vía armada, quedó cerrada. No hubo garantías.
FARC, Gaviria y la Operación Centauro
Este proceso en búsqueda de la paz se interrumpió el 9 de diciembre de 1990, cuando el recién nombrado presidente César Gaviria, tratando de sorprender al alto mando de las FARC-EP, ordena la "Operación Centauro", contra la sede del Secretariado de la organización, en La Uribe, Departamento del Meta. La acción no tuvo éxito.
A pesar de todo, las FARC-EP y el gobierno de Gaviria retoman las conversaciones, y el 15 de mayo de 1991 se reúnen en Cravo Norte (Departamento de Arauca), luego continúan en Caracas, en septiembre y octubre de ese año, y más tarde en Tlaxcala, México, donde celebran dos nuevos encuentros: uno el 10 de marzo de 1992, y el otro el 10 de octubre. Pero el 31 de Octubre, en Bogotá, Gaviria declara rotas las negociaciones y decreta "guerra integral" contra la guerrilla.
Por su parte, en la mitad de su gobierno, el 12 agosto de 1996, el presidente Samper anunció por radio y televisión la formación de una "misión exploratoria" encargada de "definir los términos y condiciones" dentro de los cuales "podría celebrarse una primera negociación de paz" con los grupos en armas, pero a la iniciativa no cristalizó.
Samper mostró en varias ocasiones su interés por el proceso de paz celebrado en Guatemala, que concluyó exitosamente a fines de 1996.
De los antecesores de Uribe, quizá fue Andrés Pastrana quien llegó más lejos en la búsqueda de acuerdos con los grupos armados.
Este presidente se reunió en tres ocasiones, en la selva colombiana, con el, para entonces, jefe de las Farc-EP, Manuel Marulanda, con quien firmó la Agenda Común por el Cambio hacia una nueva Colombia, documento contentivo de 12 puntos que definen la perspectiva de un diálogo sobre los fundamentos para la construcción de un nuevo país.
El proceso de negociaciones entre el Gobierno de Pastrana y las Farc-EP duro tres años, y terminó sin concreciones pero con el registro de una importante experiencia.
Uribe, otra historia
Según la agencia de noticias venezolana ABN, en la actualidad, cuando transcurre otro mandato de Álvaro Uribe, "ya no existe duda alguna de que su gobierno continuará en completa subordinación a las políticas de seguridad de Washington".
Con la muerte del máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, que se une a la de otros miembros de su dirección como Raúl Reyes, fallecido en la incursión ilegal a Ecuador por parte de tropas colombianas, en marzo de 2008, e Iván Ríos, justo cuando el ejército insurgente cumple 45 años, el mundo entero se pregunta cuál será el destino de esta agrupación.
La agencia venezolana concluyó: "Es probable que la respuesta sea simple: seguir luchando".
lunes, 25 de mayo de 2009
BREVE CRÓNICA DE UN MONTAJE: El secuestro político del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas en México
Exigimos la liberación Inmediata del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas¡ y de todos los compañeros que han sido detenidos bajo montajes similares, expresamos nuestra más fraternal solidaridad con él. Miguel Ángel, amigo, compañero, maestro, colega, no éstas solo estamos contigo.
Por Comité por la liberación de Miguel Beltrán.
libertadparamiguelb This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eltran@gmail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
La trayectoria académica de Miguel Ángel Beltrán
Miguel Ángel Beltrán Villegas nació en Bogotá (Colombia) el 11 de mayo de 1964. Se graduó en la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital en 1987, y en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia en 1991. Realizó cursos en la maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, fue becario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) graduándose como Maestro en Ciencias Sociales en 1994, posteriormente realizó cursos en el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con la tesis “El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en México: Vicisitudes de un camino hacia la unidad (1961-1967)”, con la cual obtuvo mención honorífica en el año 2001. El Dr. Beltrán estaba realizando desde junio de 2008 una estancia Posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos -CELA-, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con un proyecto de investigación sobre la sucesión presidencial en México, en el período 1933-1934.
Asimismo fue docente en las universidades del Cauca y Antioquia, y actualmente es profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia. Es coordinador del área de teorías sociológicas y del grupo de investigación de la misma universidad; “América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social”, e igualmente participó del grupo de investigación de la Universidad Antioquia; “Cultura, política y desarrollo social”, avalado por Colciencias, organismo que ejecuta las políticas de Investigación en Ciencia y Tecnología. Las preocupaciones académicas de Miguel Ángel se reflejan en muchos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, entre las que se destacan: Revista Colombiana de Sociología, Contrahistorias, Memoria y Civilización, Anuario Latinoamericano, Le Monde Diplomatique, Wifala e Historia de Colombia, todas ellas reconocidas dentro del medio académico internacional. En dichos artículos se analiza la teoría y los debates sociológicos contemporáneos, el conflicto social y la sociología y la historia política de Colombia y América Latina.. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “México: Revolución, Hegemonía Priísta y ¿Transición?” (2007) publicado por la Universidad Distrital en el texto ¿Hacia dónde va América Latina?; y en coautoría la investigación sobre la historia de la sociología en Colombia, de cuyo desarrollo fue publicado el artículo: “Los inicios de la Sociología en el País (1850-1950)” (2007) en la Revista UNAULA, Medellín.
El profesor Dr. Beltrán Villegas, obtuvo la “Distinción a la Excelencia Docente” en la Universidad de Antioquía (2002). Su ejercicio docente e investigativo ha sido marcado por la disciplina, el rigor, la exigencia académica y el pensamiento crítico, por tanto, acusarlo de terrorista, guerrillero e intelectual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una afirmación que carece de fundamento. Asimismo, ha sido profesor de diversas asignaturas en el área de la sociología y la historia de diferentes generaciones de investigadores, quienes tienen del profesor Beltrán un referente académico.
Al Dr. Beltrán le han sido imputados varios cargos sin que existan pruebas, ya que es de conocimiento público que el supuesto computador del comandante guerrillero Raúl Reyes no constituye prueba alguna, sin embargo, sigue siendo instrumento de persecución de quienes disienten o puedan disentir de la política de guerra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En todo Estado social de derecho orientado por la garantía y el respeto de los derechos ciudadanos, se parte de la presunción de inocencia, pues se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, bajo la política de seguridad democrática del actual gobierno, este principio jurídico ha desaparecido. Tal como lo demuestra el atropello cometido contra las garantías individuales del profesor Miguel Ángel Beltrán, las cuales son salvaguardadas por el derecho internacional.
La detención del Dr. Beltrán Villegas
A las 12 horas del mediodía del viernes 22 de mayo de 2009, el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, de nacionalidad colombiana, acudió al Instituto Nacional de Migración de México (INM), con el fin de recibir respuesta a su solicitud de cambio de condición migratoria (de visitante a estudiante), y de este modo legalizar su estancia en el país para sus estudios posdoctorales en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Todo colombiano que ingresa a México para realizar estudios, lo hace en condición de visitante con la forma migratoria (FM-3) otorgada por el Consulado Mexicano en Colombia. Dicho documento se recibe cuando se han cumplido una serie de requisitos que dan cuenta de la legalidad de la solicitud de internación. Una vez en México, el interesado debe presentarse al INM dentro de los noventa días siguientes, para solicitar el cambio de condición migratoria. Este trámite fue efectuado por el profesor Miguel Ángel el día 7 de agosto de 2008 acopiando todos los documentos solicitados entre ellos: copia completa del pasaporte, original del FM3 vigente No. 2077691, comprobante de domicilio, carta de aceptación estudios posdoctorales en la UNAM, carta de solvencia económica (certificado de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia apostillado y copia de la comisión de estudios) y copia del último grado académico obtenido. El número de la solicitud fue el: 312687.
El trámite solicitado dura normalmente treinta días hábiles, sin embargo, el Dr.. Miguel Ángel Beltrán no había recibido respuesta hasta la fecha. Durante los nueve meses transcurridos él acudió semanalmente al INM en espera de una respuesta y siempre le decían que “volviera la próxima semana”. El viernes 22 de mayo, él acudió al INM como lo hacía todas las semanas, esta vez acompañado del Licenciado Jorge Becerril, abogado de la UNAM, nombrado a finales de abril de 2008 por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para asesorarlo ante el INM, dada la dilación del trámite. El Licenciado Jorge Becerril concretó una cita a las 12 horas con el Subdirector del Instituto Nacional de Migración para recibir una respuesta.
A las 12:40 p.m. el Dr. Beltrán fue notificado verbalmente -en la planta baja del INM- por un funcionario de que su solicitud había sido negada porque no cumplía con los requisitos exigidos. Posteriormente, el Dr. Beltrán fue obligado a pasar a control migratorio al primer piso de las instalaciones. El Licenciado Becerril no lo acompañó ante tal instancia. Minutos después, se escucharon gritos muy fuertes de alguien que decía: “¡No, no, no!”. Ante el interrogante sobre lo que estaba ocurriendo, el Licenciado Becerril fue informado de que se trataba de un funcionario que se había vuelto loco y a quien se habían llevado. Pero que el profesor Beltrán seguía en las instalaciones del INM. Sin embargo, el Dr. Beltrán fue detenido por funcionarios del INM, sacado del Instituto a la fuerza y transportado en una camioneta Van, de vidrios polarizados que no tenía distintivos oficiales.
En el IMN dijeron que había sido trasladado a la Estación Migratoria “Las Agujas” de la Delegación Iztapalapa. El Licenciado Becerril, a pesar de su experiencia, no se percató de que se trataba de una deportación y lo único que atinó a decir, tomando en cuenta el consejo de otros abogados presentes, es que se debía denunciar la detención en la embajada colombiana en México. El Dr. Beltrán no fue llevado a una Estación Migratoria sino que fue deportado a Colombia en una aeronave del Estado mexicano que llegó a Bogotá, aproximadamente a las 7:50 p.m.
Al oficializarse la captura del profesor Beltrán por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, fue conducido a las instalaciones de la Dirección General de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN). El Instituto de Medicina Legal realizó una valoración del estado de salud de Miguel Ángel determinando una incapacidad médica de doce días, mismas que son producto de las agresiones físicas sufridas por parte de funcionarios mexicanos del INM.
Las arbitrariedades del Instituto Nacional de Migración (INM)
El INM aseguró ante el diario La Jornada expulsó al profesor Miguel Ángel del país con base en el artículo 37 fracción 5, la cual señala que “Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria cuando (…) hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero”. Sin embargo, estos “malos antecedentes en el extranjero” no existían, ya que Miguel Ángel Beltrán salió de Colombia de manera legal y entró a México de la misma forma para realizar sus estudios posdoctorales en la UNAM. Si hubiese habido algún requerimiento en su contra, no habría podido salir de Colombia en junio de 2008.
La actuación del INM fue arbitraria ya que violó los plazos y términos normales para dar espera a que el gobierno colombiano fabricara un requerimiento judicial basado en cargos falsos. El INM fue cómplice del gobierno colombiano puesto que deliberadamente suspendió el trámite del profesor Beltrán durante nueve meses. El INM atropelló, vulneró y violentó los más elementales derechos del profesor Dr. Beltrán ya que partió de la presunción de culpabilidad y actuó pérfidamente en su contra, negándole, con la detención realizada, la posibilidad de emplear los recursos jurídicos existentes para apelar la arbitraria decisión.
La forma en que ocurrieron los hechos denota que todo estaba planificado entre las autoridades de Colombia y México para cometer este ilegal atropello. Incluso el presidente Uribe de Colombia agradeció a las autoridades mexicanas su apoyo al gobierno mexicano por “capturar a uno de los terroristas más peligrosos” de las FARC. La persecución por parte del gobierno colombiano y la complicidad del gobierno mexicano contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, pretende generar miedo, pánico y escarmiento a los académicos críticos; busca cercenar el derecho a la crítica y el cuestionamiento, y hace parte de los planes del gobierno colombiano por instaurar un régimen de terror perpetuo.
La persecución contra la universidad pública y el pensamiento crítico en Colombia
La persecución a la universidad pública ha sido una constante en el régimen de Álvaro Uribe, a finales del mes de octubre de 2007, la Fiscalía General de la Nación solicitó a las universidades públicas (Pedagógica, Distrital, Nacional) los listados de estudiantes y docentes que han estado en dichas instituciones desde 1992. Este tipo de prácticas, contrarias al Estado de Derecho, hacen parte de la persecución política contra la Universidad pública y las posturas que no comparten la violencia y la guerra como salida al conflicto colombiano. Así lo demuestran las detenciones de varios profesores y estudiantes de universidades públicas sindicados de “rebelión”, entre ellos: William Javier Díaz Ramírez, docente de la Universidad Distrital; María Antonia Espitia, Ipayú Reyes López ambos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia; Hugo Giovanni Hilarión de FESCOL, Edison Javier Reyes Roa integrante de Territorio Sur, y otros docentes e investigadores que aún en el exterior son objeto de la persecución.
Los puntos de vista contrarios a los del actual gobierno no pueden seguir siendo catalogados como sinónimos de terrorismo, por ello la criminalización del pensamiento y de la universidad pública deben cesar.
¡Exigimos la liberación Inmediata del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas¡ y de todos los compañeros que han sido detenidos bajo montajes similares, expresamos nuestra más fraternal solidaridad con él.
Miguel Ángel, amigo, compañero, maestro, colega, no éstas solo estamos contigo.
Comité por la liberación de MIguel Ángel Beltrán Villegas
miércoles, 20 de mayo de 2009
Proyecto reeleccionista polariza marea política colombiana
Por: Alberto Corona - PL
Bogotá, 20 may (PL) La aprobación del proyecto de Ley de Referendo en el Senado de Colombia agita hoy la marea política nacional, ante un eventual tercer mandato del presidente Álvaro Uribe. La coalición del gobierno logró imponer su mayoría, sin la presencia de las bancadas del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, con 62 votos a favor, 10 más de los necesarios para sacar adelante la iniciativa, frente a cinco en contra.
Ahora el proyecto deberá ser sometido a la aprobación de las comisiones de conciliación, pues el texto aceptado en el Senado es diferente al aprobado en la Cámara de Representantes.
El artículo aprobado en la iniciativa expresa: "Quien haya sido elegido a la presidencia de la República para dos periodos constitucionales podrá aspirar a un nuevo periodo", con lo cual el mandatario Uribe queda prácticamente habilitado para una segunda reelección consecutiva, aunque aún deberá superar ciertos escollos.
Si el referendo de la reelección logra sortear las comisiones de conciliación este pasará al control de la Corte Constitucional, que tendrá un plazo de seis meses para pronunciarse al respecto.
En tanto, el presidente Uribe no se ha pronunciado clara y definitivamente sobre si optará o no por un nuevo mandato en la Casa Nariño, aunque el ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia señaló recientemente que el gobierno respaldaba la iniciativa.
Durante los debates varias voces de la oposición rechazaron el referendo, al calificar la votación de "sucia".
El senador por el Partido Liberal Héctor Helí Rojas aseguró que Valencia negoció, con ofrecimientos de cargos burocráticos, la aprobación de la ley.
Varios miembros de esa bancada se sumaron a la denuncia, y expresaron que el titular de Interior y Justicia recorrió el recinto del Senado comprando la votación.
Por su parte, el congresista Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, indicó que su agrupación abandonó las votaciones porque ese proyecto, -según dijo- da la apertura a la dictadura y a un gobierno plutocrático, lo cual "descuartiza" la Constitución colombiana.
A su vez, a la batalla por allanar el camino al referendo se suma una recusación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Barón, quien se opone al proyecto.
La medida, interpuesta por el Partido de la U, pretende superar la conciliación del texto entre el Senado, que aprobó la iniciativa, y la Cámara.
Dicho recurso tiene por objetivo evitar que sea Varón quien designe los conciliadores del proyecto.
Según expresó como argumentación de la medida el presidente de esa agrupación política, Luis Carlos Restrepo, Varón "ha perdido la neutralidad y la objetividad, ya que ha mostrado abiertamente su voluntad de obstaculizar" el proyecto reeleccionista. A ello Varón respondió que la recusación no es procedente, tras resaltar que para nadie es un secreto quiénes votaron a favor y quiénes en contra de la iniciativa en la Cámara, por lo cual -agregó- mi postura frente al referendo "sigue siendo la misma de siempre".
En diciembre de 2008, la plenaria de la Cámara aprobó un texto que le permitiría a Uribe presentarse a la reelección en 2014, mientras que el Senado hizo lo propio la víspera con uno que se lo permite el próximo año.
Los seguidores del mandatario temen que si Varón designa conciliadores que compartan su posición, el desacuerdo podría desembocar en el archivo del proyecto y prolongar, ante la falta de tiempo reglamentario, el suspenso en torno a la iniciativa que le permita a Uribe optar por un tercer mandato consecutivo.
Bogotá, 20 may (PL) La aprobación del proyecto de Ley de Referendo en el Senado de Colombia agita hoy la marea política nacional, ante un eventual tercer mandato del presidente Álvaro Uribe. La coalición del gobierno logró imponer su mayoría, sin la presencia de las bancadas del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, con 62 votos a favor, 10 más de los necesarios para sacar adelante la iniciativa, frente a cinco en contra.
Ahora el proyecto deberá ser sometido a la aprobación de las comisiones de conciliación, pues el texto aceptado en el Senado es diferente al aprobado en la Cámara de Representantes.
El artículo aprobado en la iniciativa expresa: "Quien haya sido elegido a la presidencia de la República para dos periodos constitucionales podrá aspirar a un nuevo periodo", con lo cual el mandatario Uribe queda prácticamente habilitado para una segunda reelección consecutiva, aunque aún deberá superar ciertos escollos.
Si el referendo de la reelección logra sortear las comisiones de conciliación este pasará al control de la Corte Constitucional, que tendrá un plazo de seis meses para pronunciarse al respecto.
En tanto, el presidente Uribe no se ha pronunciado clara y definitivamente sobre si optará o no por un nuevo mandato en la Casa Nariño, aunque el ministro de Interior y Justicia Fabio Valencia señaló recientemente que el gobierno respaldaba la iniciativa.
Durante los debates varias voces de la oposición rechazaron el referendo, al calificar la votación de "sucia".
El senador por el Partido Liberal Héctor Helí Rojas aseguró que Valencia negoció, con ofrecimientos de cargos burocráticos, la aprobación de la ley.
Varios miembros de esa bancada se sumaron a la denuncia, y expresaron que el titular de Interior y Justicia recorrió el recinto del Senado comprando la votación.
Por su parte, el congresista Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, indicó que su agrupación abandonó las votaciones porque ese proyecto, -según dijo- da la apertura a la dictadura y a un gobierno plutocrático, lo cual "descuartiza" la Constitución colombiana.
A su vez, a la batalla por allanar el camino al referendo se suma una recusación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Barón, quien se opone al proyecto.
La medida, interpuesta por el Partido de la U, pretende superar la conciliación del texto entre el Senado, que aprobó la iniciativa, y la Cámara.
Dicho recurso tiene por objetivo evitar que sea Varón quien designe los conciliadores del proyecto.
Según expresó como argumentación de la medida el presidente de esa agrupación política, Luis Carlos Restrepo, Varón "ha perdido la neutralidad y la objetividad, ya que ha mostrado abiertamente su voluntad de obstaculizar" el proyecto reeleccionista. A ello Varón respondió que la recusación no es procedente, tras resaltar que para nadie es un secreto quiénes votaron a favor y quiénes en contra de la iniciativa en la Cámara, por lo cual -agregó- mi postura frente al referendo "sigue siendo la misma de siempre".
En diciembre de 2008, la plenaria de la Cámara aprobó un texto que le permitiría a Uribe presentarse a la reelección en 2014, mientras que el Senado hizo lo propio la víspera con uno que se lo permite el próximo año.
Los seguidores del mandatario temen que si Varón designa conciliadores que compartan su posición, el desacuerdo podría desembocar en el archivo del proyecto y prolongar, ante la falta de tiempo reglamentario, el suspenso en torno a la iniciativa que le permita a Uribe optar por un tercer mandato consecutivo.
viernes, 15 de mayo de 2009
El cuento completo por favor
Por Red informativaDe acuerdo con El Espectador, 45 supuestos guerrilleros irán a juicio para responder por la información encontrada en una USB que incautó el Ejército en La Uribe, Meta. En el artículo –al igual que en el comunicado de la Fiscalía-, se publicaron los cuarenta y cinco nombres de los procesados.
Los nombres no dicen mucho: Jaison, Manuel Libardo, Abelardo, Sandra Patricia. Nombres frecuentes que aparecen en cualquier lista de colombianos. Gente anónima para la mayoría, pero no para buscadores, que todo lo sabe.
Hice una búsqueda para algunos de los nombres y encontré que Jaison Edwin Murillo Pachón es un poeta publicado por la Editorial la Serpiente Emplumada; que María Antonia Espitia Barreto es activista del Polo Democrático Alternativo y antigua militante del M-19 y que Ivonne Barragán Tovar esta muerta hace rato. Salvo que sea una homónima de la persona que fue dada de baja en el intercambio de disparos presentado después del atentado con un rocket al hoy senador Jorge Visbal Martelo.
En la lista también aparece. Varios de los acusados son profesores universitarios, otros son activistas “sociales” y para muchos en la izquierda radical -como siempre- todo el asunto es un montaje, una trampa. La información presentada por El Espectador y otros periódicos no dice nada, no va más allá de la narración de un trámite, de un papeleo que hizo la Fiscalía. Para eso es mejor leer los comunicados directamente.
Detrás de esa nota hay montones de historias y basta una vuelta por los juzgados para ampliar un poco la informacion. ¿Por qué los periodistas no hacen las preguntas mas básicas? ¿Por qué se limitan al copy paste ?
Los nombres no dicen mucho: Jaison, Manuel Libardo, Abelardo, Sandra Patricia. Nombres frecuentes que aparecen en cualquier lista de colombianos. Gente anónima para la mayoría, pero no para buscadores, que todo lo sabe.
Hice una búsqueda para algunos de los nombres y encontré que Jaison Edwin Murillo Pachón es un poeta publicado por la Editorial la Serpiente Emplumada; que María Antonia Espitia Barreto es activista del Polo Democrático Alternativo y antigua militante del M-19 y que Ivonne Barragán Tovar esta muerta hace rato. Salvo que sea una homónima de la persona que fue dada de baja en el intercambio de disparos presentado después del atentado con un rocket al hoy senador Jorge Visbal Martelo.
En la lista también aparece. Varios de los acusados son profesores universitarios, otros son activistas “sociales” y para muchos en la izquierda radical -como siempre- todo el asunto es un montaje, una trampa. La información presentada por El Espectador y otros periódicos no dice nada, no va más allá de la narración de un trámite, de un papeleo que hizo la Fiscalía. Para eso es mejor leer los comunicados directamente.
Detrás de esa nota hay montones de historias y basta una vuelta por los juzgados para ampliar un poco la informacion. ¿Por qué los periodistas no hacen las preguntas mas básicas? ¿Por qué se limitan al copy paste ?
jueves, 14 de mayo de 2009
A un año de extradición a EEUU, sigue impunidad de paramilitares colombianos
BOGOTA (AFP) — Un año después de su extradición hacia cárceles de Estados Unidos por narcotráfico, los jefes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha no han respondido por sus crímenes de lesa humanidad en Colombia, donde familiares de las víctimas reclaman su repatriación.
Los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) prometieron al gobierno de Alvaro Uribe -con el que pactaron la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios legales- que confesarían unos 20.000 crímenes.
Sin embargo, cuando la cifra de crímenes confesados estaba a punto de llegar a 5.000, el gobierno decidió hace un año extraditar a 14 de ellos a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, alegando que continuaban delinquiendo.
La noticia provocó desazón entre familiares de las víctimas que señalan que con su partida se dejaron sin resolver muchas incógnitas.
"Esta era la crónica de una impunidad anunciada. Estos señores comenzaron a hablar y a implicar a altos políticos y militares y entonces el gobierno decide callarlos a través de su extradición. Se llevaron sus secretos a ese país", dijo a la AFP Iván Cepeda, familiar de una de las víctimas.
Iván, hijo del senador comunista Manuel Cepeda asesinado hace dos décadas, recuerda que de los crímenes y desapariciones forzadas cometidos por estos escuadrones "sólo se han recuperado gracias a las confesiones 2.100 cadáveres y esqueletos. Del resto, nadie da razón", señaló.
Teresa Gaviria, directora de la organización Madres de la Candelaria -la versión colombiana de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina- se declara igualmente "desesperanzada".
"Los líderes de las AUC están en Estados Unidos, decidieron callarse y la verdad no saldrá a la luz", señaló la mujer a la AFP telefónicamente desde Medellín (noroeste).
"Su extradición ha dejado impunidad frente a miles de crímenes de lesa humanidad y la imposiblidad de que se sepa la verdad. El gobierno debería solicitar su repatriación para que respondan por sus crímenes aquí, que son de mayor envergadura que el narcotráfico", dijo Eduardo Matías, abogado del Colectivo de abogados José Alvear, una ONG que defiende a las víctimas.
Las extradiciones interrumpieron el proceso de confesiones en Colombia a que estaban obligados los jefes paramilitares para obtener los beneficios legales pactados a cambio de la desmovilización, entre ellos una condena máxima de ocho años de prisión, incluso para delitos de lesa humanidad.
Entre los extraditados figuran Salvatore Mancusso -de ascendencia italiana- y quien fue portavoz de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha y Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), antiguo lugarteniente del abatido capo de la cocaína Pablo Escobar, que en los años noventa se sumó a las filas de las AUC.
Algunos de ellos, como Mancusso, han hecho confesiones a través de teleconferencias, en un proceso que los familiares de las víctimas denuncian como lento y tortuoso.
La fiscalía, sin embargo, señala que esas confesiones han permitido avances contra la impunidad. Muchos "en versiones libres han dado informaciones que han servido para capturar a personas que no se han desmovilizado o para vincular a empresarios y servidores públicos a estos grupos", señaló una fuente del ente judicial que requirió el anonimato.
Según la Fiscalía, las confesiones permitieron hallar 2.200 cadáveres, de los cuales 566 han sido identificados plenamente y entregados a sus familiares. Otros 553 están pendientes de la prueba de ADN.
martes, 12 de mayo de 2009
Policía peruana disuelve protesta indígena y deja 10 heridos
Del número de heridos, tres presentan carácter de gravedad, dos de ellos por afección severa de las vías respiratorias a causa de las bombas lacrimógenas y un tercero con un orificio de bala en el estómago.
TeleSUR
Al menos diez indígenas heridos, uno de ellos de bala, fue el saldo que dejaron este lunes las acciones de la policía peruana al disolver una protesta que llevaban a cabo los nativos en la región de Amazonas (norte), en contra de la polémica Ley Forestal y de Fauna.
Del número de heridos, tres presentan carácter de gravedad, dos de ellos por afección severa de las vías respiratorias a causa de las bombas lacrimógenas y un tercero con un orificio de bala en el estómago.
Según informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los hechos ocurrieron, cuando un grupo de nativos awajun y wampis tomaron el puente de Corral Quemado, principal vía de acceso a la selva norte de Perú, como parte de las protestas iniciadas el pasado 9 de abril y que llevaron al Ejecutivo a declarar el fin de semana el Estado de Emergencia (excepción) en la zona.
Las etnias protestan contra varios decretos, entre ellos la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos porque vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.
Asimismo, exigen que se les consulte sobre asuntos relativos a sus territorios, así como una reforma constitucional para restablecer el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas.
Desde el 9 de abril, y como parte de sus protestas, los indígenas han cerrado tres estaciones de bombeo de la empresa estatal Petroperú y además han tomado un aeródromo y bloqueado varios ríos por donde se desplazan embarcaciones de petroleras, así como una carretera.
Aunque el pasado 20 de abril el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, anunció la creación de una mesa de diálogo con los grupos nativos para alcanzar un acuerdo, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, reclamó este lunes que hasta el momento esta medida no ha sido realizada.
"Y esta es una muestra de que al Gobierno lo último que le interesa es el diálogo. Y los pueblos no son los únicos que reclamamos conversar, también son los presidentes regionales, los alcaldes del Perú; diferentes sectores lo solicitan", señaló Pizango.
TeleSUR
Al menos diez indígenas heridos, uno de ellos de bala, fue el saldo que dejaron este lunes las acciones de la policía peruana al disolver una protesta que llevaban a cabo los nativos en la región de Amazonas (norte), en contra de la polémica Ley Forestal y de Fauna.
Del número de heridos, tres presentan carácter de gravedad, dos de ellos por afección severa de las vías respiratorias a causa de las bombas lacrimógenas y un tercero con un orificio de bala en el estómago.
Según informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los hechos ocurrieron, cuando un grupo de nativos awajun y wampis tomaron el puente de Corral Quemado, principal vía de acceso a la selva norte de Perú, como parte de las protestas iniciadas el pasado 9 de abril y que llevaron al Ejecutivo a declarar el fin de semana el Estado de Emergencia (excepción) en la zona.
Las etnias protestan contra varios decretos, entre ellos la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos porque vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.
Asimismo, exigen que se les consulte sobre asuntos relativos a sus territorios, así como una reforma constitucional para restablecer el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas.
Desde el 9 de abril, y como parte de sus protestas, los indígenas han cerrado tres estaciones de bombeo de la empresa estatal Petroperú y además han tomado un aeródromo y bloqueado varios ríos por donde se desplazan embarcaciones de petroleras, así como una carretera.
Aunque el pasado 20 de abril el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, anunció la creación de una mesa de diálogo con los grupos nativos para alcanzar un acuerdo, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, reclamó este lunes que hasta el momento esta medida no ha sido realizada.
"Y esta es una muestra de que al Gobierno lo último que le interesa es el diálogo. Y los pueblos no son los únicos que reclamamos conversar, también son los presidentes regionales, los alcaldes del Perú; diferentes sectores lo solicitan", señaló Pizango.
viernes, 8 de mayo de 2009
LA PLATA FACIL NO PAGA, SALVO LAS EXCEPCIONES DE ORDEN PRESIDENCIAL, APROBADAS POR MÁS DEL 80% DE LOS ENCUESTADOS EN COLOMBIA:
LA PLATA FACIL NO PAGA”, así se titula un comercial gubernamental uribista, emitido por el CANAL INSTITUCIONAL COLOMBIANO, y otros medios de comunicación, a raíz de la crisis de las pirámides, que dejó en bancarrota a los incautos depositarios de ahorros, que hasta el 2008, fue el boom económico de moda en Colombia.
Quien no ahorraba en dicha pirámides, estaba out, y para estar in, se debía estar en la honda piramidal, O SEA BEIBI, ahorro piramidal para triplificar la plata en menos que canta un gallo, y no como los hermanos Uribe Moreno que tienen fama dizque de “trabajadores”, “reciclando” terrenos en zonas francas.
Ahora la noticia, más allá de la INFLUENZA URIBISTA es el tema de la compra de predios rurales, áreas que luego son decretadas como zonas francas, como en el caso del municipio de Mosquera, y ahora con otros casos en los llanos orientales de Colombia que se rumoran por ahí, que de la noche a la mañana resultan cotizando valorización en metros cuadrados y no por hectáreas como ocurre con los terrenos marginales de los pequeños parceleros en zonas agrestes en Santander y otros departamentos.
Parece que el Gobierno Nacional no ve como caso de PLATA FACIL el hecho de convertir en zonas francas predios rurales aledaños a Bogotá que resultan incrementando valorización y al margen de la tributación ordinaria, específicamente, los hermanos Uribe Moreno, niños bien que resultan convertidos en “prósperos empresarios”.
Qué clase de turbulencia guernamental es esta? Pues, a los hermanos Uribe Moreno no se les puede tildar de beneficiados de PLATA FACIL; pero, vaya un parroquiano de pie a incrementar sus ingresos, en la que se mete, con todo tipo de investigaciones judiciales. Claro, eso de las pirámides casa ingenuos debe ser investigado en los ámbitos criminales, pero el peldaño gubernamental está en la discrecionalidad viciosa con lo que se maneja este asunto en los círculos del uribismo.
Es decir, que el Presidente Uribe, utiliza la lógica de “TODA REGLA TIENE SU EXCEPCIÓN”:
“LA PLATA FACIL NO PAGA, excepto en el caso de convertir los terrenos rurales en zonas francas para la familia presidencial, cuyos niños afortunados, que ha decir del Presidente Fascista, se ganan la plata trabajando, y de que manera ganan plata.
¡Ah! Cuando se trata de los informes de las pirámides, la prensa los clasifica como noticias judiciales de orden penal que vincula un asunto criminal, no así, cuando se trata del asunto de los terrenos en zonas francas de propiedad de la familia presidencial.
Sin embargo, el asunto no termina ahí. Las críticas que se hagan contra el Presidente y su núcleo familiar y gubernamental, ha decir verdad, hay que hacerlas en forma clandestina y anónima, ya que quien lo haga se expone al linchamiento público, pues, el Presidente tiene el 80% de aprobación, según las encuestas. Es decir, el incremento patrimonial de los principitos, hermanos Uribe Moreno, tiene la aprobación del 80% o más, a decir de las encuestas, y no es considerado como un asunto criminal. Es común encontrar titulares de prensa como: “El presidente Uribe bate récord de aceptación popular al registrar un 80 por ciento de favorabilidad”. La propia revista semana, ilustraba sus notas periodísticas con resaltados como: “Nunca antes un jefe de Estado, según el Gallup Poll, había logrado un nivel tan alto en la opinión favorable. Además, el 81 por ciento aplaude su gestión. Entre tanto, la imagen desfavorable en Colombia del presidente Chávez ascendió a un 76 por ciento”.
Esto se podría llamar el reinado de las encuestas favorables al Presidente Alvaro Uribe Vélez, quien ha promovido la campaña “LA PLATA FACIL NO PAGA”, excepción hecha del tráfico de influencias de sus hijos, denunciado por el periodista DANIEL CORONELL, a quien el público en general, por comentarios en páginas como CARACOL, lo tildan hasta de guerrillero e incluso terrorista, por haber hecho una investigación periodística de gran talla.
Todo el mundo proclama a Alvaro Uribe y sentencia al periodista DANIEL CORONELL. La favorabilidad del 80% de Uribe es positiva, siendo inversa en el caso del periodista DANIEL CORONEL, o sea, tiene una desfavorabilidad del 80% por sus publicaciones de las zonas francas, y seguramente será tildado de terrorista.
martes, 5 de mayo de 2009
domingo, 3 de mayo de 2009
Desde hace años tenemos esta peste
"Quien quiera darle un beso al Presidente Uribe y tenga gripa, por favor abstenerse"
Fue la advertencia hecha a los asistentes del último consejo comunitario
LA GRIPA PORCINA TAMBIÉN ES TERRORISTA
Cuidado, si tiene gripa y vive en Colombia, usted puede ser detenido, juzgado y condenado por TERRORISTA, y si se resiste sera entregado a los paramilitares para que los desaparezcan por terrorista.
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