BOGOTA (AFP) — Un año después de su extradición hacia cárceles de Estados Unidos por narcotráfico, los jefes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha no han respondido por sus crímenes de lesa humanidad en Colombia, donde familiares de las víctimas reclaman su repatriación.
Los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) prometieron al gobierno de Alvaro Uribe -con el que pactaron la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios legales- que confesarían unos 20.000 crímenes.
Sin embargo, cuando la cifra de crímenes confesados estaba a punto de llegar a 5.000, el gobierno decidió hace un año extraditar a 14 de ellos a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, alegando que continuaban delinquiendo.
La noticia provocó desazón entre familiares de las víctimas que señalan que con su partida se dejaron sin resolver muchas incógnitas.
"Esta era la crónica de una impunidad anunciada. Estos señores comenzaron a hablar y a implicar a altos políticos y militares y entonces el gobierno decide callarlos a través de su extradición. Se llevaron sus secretos a ese país", dijo a la AFP Iván Cepeda, familiar de una de las víctimas.
Iván, hijo del senador comunista Manuel Cepeda asesinado hace dos décadas, recuerda que de los crímenes y desapariciones forzadas cometidos por estos escuadrones "sólo se han recuperado gracias a las confesiones 2.100 cadáveres y esqueletos. Del resto, nadie da razón", señaló.
Teresa Gaviria, directora de la organización Madres de la Candelaria -la versión colombiana de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina- se declara igualmente "desesperanzada".
"Los líderes de las AUC están en Estados Unidos, decidieron callarse y la verdad no saldrá a la luz", señaló la mujer a la AFP telefónicamente desde Medellín (noroeste).
"Su extradición ha dejado impunidad frente a miles de crímenes de lesa humanidad y la imposiblidad de que se sepa la verdad. El gobierno debería solicitar su repatriación para que respondan por sus crímenes aquí, que son de mayor envergadura que el narcotráfico", dijo Eduardo Matías, abogado del Colectivo de abogados José Alvear, una ONG que defiende a las víctimas.
Las extradiciones interrumpieron el proceso de confesiones en Colombia a que estaban obligados los jefes paramilitares para obtener los beneficios legales pactados a cambio de la desmovilización, entre ellos una condena máxima de ocho años de prisión, incluso para delitos de lesa humanidad.
Entre los extraditados figuran Salvatore Mancusso -de ascendencia italiana- y quien fue portavoz de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha y Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), antiguo lugarteniente del abatido capo de la cocaína Pablo Escobar, que en los años noventa se sumó a las filas de las AUC.
Algunos de ellos, como Mancusso, han hecho confesiones a través de teleconferencias, en un proceso que los familiares de las víctimas denuncian como lento y tortuoso.
La fiscalía, sin embargo, señala que esas confesiones han permitido avances contra la impunidad. Muchos "en versiones libres han dado informaciones que han servido para capturar a personas que no se han desmovilizado o para vincular a empresarios y servidores públicos a estos grupos", señaló una fuente del ente judicial que requirió el anonimato.
Según la Fiscalía, las confesiones permitieron hallar 2.200 cadáveres, de los cuales 566 han sido identificados plenamente y entregados a sus familiares. Otros 553 están pendientes de la prueba de ADN.
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