Un ex jefe paramilitar colombiano declaró en una corte federal de Nueva York que el ex comandante del ejército, Mario Montoya Uribe, actual embajador de Colombia en República Dominicana, se alió con un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para llevar a cabo la operación en que decenas de civiles desaparecieron de las colinas de Medellín a finales del 2002.
La nuevas revelaciones están publicadas este lunes en el periódico de Miami, El Nuevo Herald.
El ex cabecilla paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, afirmó que Montoya, quien entonces era comandante del ejército, y el general de la policía Leonardo Gallego, participaron en la operación en la Comuna 13 de Medellín como parte de una "alianza'' con el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, del cual Murillo era jefe.
Conocida como Operación Orión la redada en Medellín se realizó en octubre de 2002 para recuperar la zona de infiltrados de la guerrilla que tenían aterrorizada a la población, explicó Murillo en un escrito firmado por el desde una celda en Nueva York en la que espera sentencia por cargos de narcotráfico.
"La autodefensas del Cacique Nutibara ingresaron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo al jefe del ejército general Mario Montoya y el general de la policía Leonardo Gallego, director de la policía de Medellín'', afirmó Murillo.
Montoya no respondió llamadas de El Nuevo Herald a la embajada en Santo Domingo. El lunes fue imposible localizar al ex general Gallego.
Según Murillo, la comunidad y los organismos de seguridad del Estado, pidieron la ayuda de las Auc para recuperar el área y la policía asignó al personal de su unidad antisecuestros (Gaula) para trabajar conjuntamente con los paramilitares en la operación.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, la Operación Orión tuvo como "corolario trágico'', la desaparición forzada de 68 personas durante y después de la ofensiva, la ejecución de una menor de edad y un saldo de 38 personas heridas con armas de fuego así como la detención arbitraria de 355 residentes de la zona.
Montoya, un curtido jefe militar que tuvo a su cargo la operación de rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, renunció en noviembre pasado en medio del escándalo de los "falsos positivos'' que comprometió a varios altos oficiales de las fuerzas militares en la ejecución de civiles inocentes para ser presentados como bajas de la guerrilla.
La declaración de Murillo, aportada a su expediente el viernes pasado, se produce en el marco de una campaña legal de activistas de derechos humanos que procuran que los jueces federales de Estados Unidos admitan los testimonios de familiares de víctimas de las Auc en los juicio por narcotráfico contra ex jefes de esta organización extraditados en mayo del año pasado.
Según los activistas esos testimonios servirían para evitar arreglos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos que podrían llevar a sentencias muy benignas para los acusados.
Murillo fue condenado por la desaparición, durante la Operación Orión, de un joven residente de la Comuna 13 que días después fue hallado muerto.
La abogada Roxanna Altholz presentó un recurso para que la madre del joven rinda declaración en la audiencia de fijación de sentencia de Murillo programada para marzo en la corte federal de Nueva York.
Murillo se declaró culpable de cargos de narcotráfico pero su abogada ha pedido al juez del caso que no permita la declaración de la madre colombiana.
La intervención de la testigo fue solicitada con base en una novedosa legislación de Estados Unidos que permite a familiares de víctimas que se sientan afectados por los delitos del acusado, participar en el juicio en su contra y exigir una indemnización.
El fiscal del caso, Eric Snyder, se opuso a la petición argumentando que la madre del joven no cumple con los requisitos de la ley dado que no está probado que la muerte del joven fue el resultado de actividades de narcotráfico desarrolladas por Murillo.
Si se llegara aceptar el testimonio, advirtió el fiscal al juez, la corte tendría que ‘‘realizar un minijuicio para determinar no solo si el acusado fue responsable de la muerte del joven sino cómo, ese asesinato se relacionó con los delitos de narcotráfico del acusado''.
Esos juicios tendrían que repetirse con otras 13,000 víctimas de las Auc, agrega Snyder.
En un esfuerzo por demostrar que las Auc no dependían exclusivamente del narcotráfico, Murillo explicó en su escrito que el Bloque Nutibara se financiaba con aportes de personas adineradas, dueños de hoteles y negocios, así como con impuestos al transporte público y el contrabando de gasolina.
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