Alberto Pinzón Sánchez
En buena fecha (17 de Diciembre de 2009) aparece el famoso informe sobre la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá ocurrido en noviembre de 1985, elaborado por una Comisión oficial de la Verdad dirigida por el actual presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla asistido por Jorge A Gómez y Roberto Herrera, y financiado por la Fundación Ford.
Nada de lo que esta Comisión oficial de la Verdad dice es nuevo. Las verdades sobre las desapariciones y fusilamientos del ejército citadas en el “informe” las sabía cualquier lustrabotas de la carrera séptima de Bogotá. Lo importante es que ahora son una Verdad oficial que servirá como un cuchillo recién afilado para hacer “política” oligárquica en Colombia y afianzar las falacias del ministerio de la verdad del régimen.
Lo comprueba la solicitud pública del candidato presidencial Uribito para que se investigue la participación de su rival de candidatura Noemí Sanín, la entonces ministra de comunicaciones del gobierno de Belisario Betancur, quien actuando en acuerdo con el golpe de Estado transitorio dado por el militarismo colombiano, ordenó la censura de los medios de comunicación. También las siguientes falacias que el aparato de propaganda del régimen está ocultando deliberadamente en sus sesgados análisis.
Primera Falacia: Exculpación del Estado. El Estado no tiene la responsabilidad PRINCIPAL, pues a pesar de estar bien informado de la posible acción por los tantos infiltrados que tenía dentro del grupo guerrillero; en lugar de evitarla aprovechó para tenderle una trampa contrainsurgente de exterminio al M-19. Belisario Betancur el Presidente de Colombia y cabeza del Estado, no es responsable a pesar de haber reconocido por televisión su responsabilidad política en los sucesos, pues su participación se limitó a ser un “simple” observador pasivo que durante 48 horas sufrió un mini golpe de Estado.
Segunda Falacia: Exculpación del militarismo como un todo. Pues a pesar de que se le endilga cierto uso excesivo de la fuerza a dos feos chivos expiatorios muy reconocidos como el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales, una institución militar o Fuerza Pública tan jerarquizada, con tantos altos cargos y con tanto espíritu de cuerpo como la colombiana, que en esta ocasión actuó integralmente como toda una maquina completa en la realización del golpe de Estado y en toda la operación contrainsurgente de exterminio, carece totalmente de responsabilidad.
Tercera Falacia: El incendio provocado intencionalmente por el ejército para destruir los expedientes que sindicaban de torturas y otros crímenes de guerra a varios generales como Vega Uribe y otros torturadores y “operadores” de las caballerizas de Usaquén durante el gobierno de Turbay Ayala que acababa de pasar, y que constituyó el objetivo principal de la acción; ahora se dice que fue para destruir los expedientes sobre rebelión y narcotráfico (y muchos otros procesos comunes) que se quemaron cuando las llamas se hicieron incontrolables.
Cuarta Falacia: No hubo un Pacto de Silencio entre el Gobierno y el M19, el que después de la amnistía del presidente Barco, fue elevado a la categoría de Constitución en 1991 por Cesar Gaviria.
Quinta Falacia: Si bien eran de amplio y público conocimiento las relaciones entre el cartel de Medellín y la cúpula del M19 y que incluso fueron rebeladas en la Habana en 1989 cuando el proceso publico por narcotráfico contra el general Ochoa y los hermanos de la Guarda (mucho antes que Popeye, Virginita Vallejo o Carlos Castaño), toda la responsabilidad de este crimen de guerra que previamente se le ha quitado al Estado y al militarismo colombianos, se vuelca sobre el M-19.
No acababa de publicarse el informe, cuando el hijo del fusilado magistrado Medellín Carlos Medellín, reconocido abogado y ex embajador en Inglaterra del gobierno de Uribe Vélez, haciendo la correspondiente resonancia política les aconsejó a Petro y a Navarro un buen abogado, porque va a pedir que esta masacre sea declarada Crimen de Lesa Humanidad, es decir sin prescripción. Dejando sembrada muy profundamente la terrible duda, de si el candidato presidencial del PDA, algún día podrá llegar a ser el Presidente de Colombia.
En buena fecha (17 de Diciembre de 2009) aparece el famoso informe sobre la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá ocurrido en noviembre de 1985, elaborado por una Comisión oficial de la Verdad dirigida por el actual presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla asistido por Jorge A Gómez y Roberto Herrera, y financiado por la Fundación Ford.
Nada de lo que esta Comisión oficial de la Verdad dice es nuevo. Las verdades sobre las desapariciones y fusilamientos del ejército citadas en el “informe” las sabía cualquier lustrabotas de la carrera séptima de Bogotá. Lo importante es que ahora son una Verdad oficial que servirá como un cuchillo recién afilado para hacer “política” oligárquica en Colombia y afianzar las falacias del ministerio de la verdad del régimen.
Lo comprueba la solicitud pública del candidato presidencial Uribito para que se investigue la participación de su rival de candidatura Noemí Sanín, la entonces ministra de comunicaciones del gobierno de Belisario Betancur, quien actuando en acuerdo con el golpe de Estado transitorio dado por el militarismo colombiano, ordenó la censura de los medios de comunicación. También las siguientes falacias que el aparato de propaganda del régimen está ocultando deliberadamente en sus sesgados análisis.
Primera Falacia: Exculpación del Estado. El Estado no tiene la responsabilidad PRINCIPAL, pues a pesar de estar bien informado de la posible acción por los tantos infiltrados que tenía dentro del grupo guerrillero; en lugar de evitarla aprovechó para tenderle una trampa contrainsurgente de exterminio al M-19. Belisario Betancur el Presidente de Colombia y cabeza del Estado, no es responsable a pesar de haber reconocido por televisión su responsabilidad política en los sucesos, pues su participación se limitó a ser un “simple” observador pasivo que durante 48 horas sufrió un mini golpe de Estado.
Segunda Falacia: Exculpación del militarismo como un todo. Pues a pesar de que se le endilga cierto uso excesivo de la fuerza a dos feos chivos expiatorios muy reconocidos como el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales, una institución militar o Fuerza Pública tan jerarquizada, con tantos altos cargos y con tanto espíritu de cuerpo como la colombiana, que en esta ocasión actuó integralmente como toda una maquina completa en la realización del golpe de Estado y en toda la operación contrainsurgente de exterminio, carece totalmente de responsabilidad.
Tercera Falacia: El incendio provocado intencionalmente por el ejército para destruir los expedientes que sindicaban de torturas y otros crímenes de guerra a varios generales como Vega Uribe y otros torturadores y “operadores” de las caballerizas de Usaquén durante el gobierno de Turbay Ayala que acababa de pasar, y que constituyó el objetivo principal de la acción; ahora se dice que fue para destruir los expedientes sobre rebelión y narcotráfico (y muchos otros procesos comunes) que se quemaron cuando las llamas se hicieron incontrolables.
Cuarta Falacia: No hubo un Pacto de Silencio entre el Gobierno y el M19, el que después de la amnistía del presidente Barco, fue elevado a la categoría de Constitución en 1991 por Cesar Gaviria.
Quinta Falacia: Si bien eran de amplio y público conocimiento las relaciones entre el cartel de Medellín y la cúpula del M19 y que incluso fueron rebeladas en la Habana en 1989 cuando el proceso publico por narcotráfico contra el general Ochoa y los hermanos de la Guarda (mucho antes que Popeye, Virginita Vallejo o Carlos Castaño), toda la responsabilidad de este crimen de guerra que previamente se le ha quitado al Estado y al militarismo colombianos, se vuelca sobre el M-19.
No acababa de publicarse el informe, cuando el hijo del fusilado magistrado Medellín Carlos Medellín, reconocido abogado y ex embajador en Inglaterra del gobierno de Uribe Vélez, haciendo la correspondiente resonancia política les aconsejó a Petro y a Navarro un buen abogado, porque va a pedir que esta masacre sea declarada Crimen de Lesa Humanidad, es decir sin prescripción. Dejando sembrada muy profundamente la terrible duda, de si el candidato presidencial del PDA, algún día podrá llegar a ser el Presidente de Colombia.
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